En el despacho principal del Ministerio de Defensa, bajo la mirada vigilante del General Pedro Sánchez, reposan las decisiones que definen la seguridad del país.
A pocos kilómetros, en las oficinas de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el Mayor General Wilson Mauricio Henao tiene la última palabra sobre el pan y la sal de nuestros soldados. Sobre los escritorios de ambos, con la solemnidad de la tinta oficial, acaba de pasar un contrato que huele a cinismo. Es la prueba de que, en la alta contratación del Estado, la memoria es un estorbo y la responsabilidad, un fantasma. Mientras el país se debate en mil urgencias, ellos, con su firma y la de sus subalternos, acaban de servirle en bandeja de plata la comida de la tropa a los mismos que la historia ya señaló con el dedo.
El SECOP, esa biblia digital de la contratación, no duerme. Mientras la mayoría del país celebraba el puente festivo, una nueva adjudicación millonaria quedaba en firme. Con la frialdad de un documento oficial, el contrato CO1.PCCNTR.8584321, firmado el día de ayer, 4 de julio de 2025, entregaba un botín de más de $95.000 millones de pesos para la “ADQUISICIÓN DE RACIONES DE CAMPAÑA LISTAS PARA CONSUMIR”. El cliente es el sector Defensa. El ganador: SOLUCIONES LOGÍSTICAS LA FE S.A.S.
A muchos, el nombre les sonará familiar, y no por las razones correctas. A la cabeza de esta firma de Sincelejo figuran Augusto Rafael Benitez Sierra y Carlos Elian Ligarreto Avendaño, los mismos que pasaron de ser contratistas de bajo perfil a manejar la logística humanitaria en el reciente y putrefacto escándalo de la UNGRD. Sí, los mismos.
Los protagonistas del llamado “Cartel de La Guajira”, investigados hasta la médula por presuntamente usar la tragedia para desviar fondos públicos.
Pero la historia no termina ahí. Esto no es solo la crónica de un contratista cuestionado que sigue ganando. Para entender la película completa, hay que ver quiénes más estaban en la puja, quiénes fueron los “competidores” que perdieron. Y ahí es donde todo adquiere un tufo a podrido, a la misma “rosca” de siempre.
Como fantasmas de un pasado que se niega a morir, en los registros de la licitación aparecen los nombres de los viejos conocidos del negocio: Industrias Alimentos y Catering S.A.S. (IAC), la empresa de Marco Bernal Carrillo, William Fajardo Rojas y Claudia Marcela Gonzalez Martin. ¿Le suenan esos nombres Deberían.
Haciendo Memoria: Los Fantasmas del Primer Cartel Para los que no lo recuerdan, o para los que prefieren olvidar, hagamos un rápido viaje al 29 de julio de 2020. Ese día, la Superintendencia de Industria y Comercio, con la Resolución No. 42543, le puso nombre y apellido a uno de los carteles más descarados de la última década: el de las raciones militares.
La SIC demostró, con correos, testimonios y análisis económicos, que IAC (la empresa de Bernal, Fajardo y González) y otras compañías, se habían puesto de acuerdo durante casi una década (2011-2018) para repartirse como una torta los contratos de las raciones de campaña. La jugada era simple y efectiva: se distribuían los productos, se abstenían de competir entre sí y simulaban una pluralidad de ofertas para quedarse con todo. El resultado: posibles sobrecostos de hasta el 50% en la comida de nuestros soldados y policías. La sanción fue una multa millonaria, un titular de prensa y, al parecer, una palmadita en la espalda. Mientras el escándalo de IAC se enfriaba, una nueva generación de contratistas emergía en otro foco de corrupción: la UNGRD. Ahí es donde SOLUCIONES LOGÍSTICAS LA FE S.A.S., con Benitez y Ligarreto a la cabeza, se convirtió en la estrella, manejando la logística de las ayudas humanitarias bajo un manto de sospecha que hoy investiga la Fiscalía.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un contrato para alimentar a las tropas donde el ganador es un protagonista del escándalo de la UNGRD, y uno de sus principales “competidores” es el protagonista sancionado del cartel de las raciones de 2020.
¿Competencia? Permítanme dudarlo. Esto no parece una licitación; parece un relevo. Un “hoy por ti, mañana por mí” entre los duros del negocio. Un día, el cartel lo domina un grupo; al siguiente, lo gana otro grupo señalado por prácticas similares en otra entidad. Se investigan, se sancionan, pero nunca desaparecen.
Simplemente mutan, cambian de consorcio, esperan que la memoria del país, tan frágil, los olvide, y vuelven a la fila para reclamar su parte del presupuesto.
Esto no es solo un contrato. Es un síntoma de nuestra “contratitis” crónica, una enfermedad que devora los recursos públicos mientras los implicados cambian de saco, pero nunca de mañas.
El poder no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en la contratación colombiana, parece que se hereda o se rota entre los mismos. La pregunta que queda en el aire no es quién ganó el contrato de ayer, sino por qué quienes debían vigilarlo, decidieron mirar para otro lado.
