Thomas and greg, el negocio no son solo los pasaportes

Los seis rostros del engranaje

Camilo Bautista Palacio

Quien maneja la caja fuerte del holding fue condenado en Miami a principios de los noventa por un fraude bancario de 105 millones de dólares. Cumplida la pena, regresó a Bogotá con el mismo olfato financiero y un mantra: diversificar riesgos. Hoy supervisa el flujo de peajes, avala garantías bancarias y firma como vicepresidente financiero. Cuando se le recuerda el expediente estadounidense, responde que “la ley no castiga de por vida” y muestra un certificado de antecedentes colombiano impecable. Su mensaje a los reguladores es simple: la condena no cruza fronteras.

Camilo también se sienta en todas las actas donde se decide quién suministra urnas electrónicas, stickers de seguridad o cédulas digitales. Su presencia garantiza que el negocio nunca pierda acceso a crédito ni a pólizas: la banca local prefiere un ejecutivo con pasado ruidoso pero caja constante, a un desconocido sin flujo de caja.

Felipe Bautista Palacio

Si Camilo controla el dinero, Felipe domina las pantallas. Encabeza la Unión Temporal Disproel, dueña del software de escrutinio electoral desde 2021. La Misión de Observación Electoral denunció que los pliegos de ese contrato bloquearon cualquier competencia real y que el código fuente sigue fuera del alcance del público. Felipe sostiene que la exclusividad es consecuencia natural de la “curva de aprendizaje”, pues ningún advenedizo debería improvisar con la democracia.

Las críticas, sin embargo, subrayan que en Latinoamérica no existe otro proveedor capaz de escanear cinco millones de formularios E-14 en doce horas. Esa hazaña técnica se convirtió en requisito para el nuevo contrato de 2026 y, por tanto, en cerrojo contra potenciales rivales. Felipe administra la llave de un sistema que, paradójicamente, se homologa a sí mismo.

Ana María Gómez Sarmiento

La abogada bogotana saltó a los titulares en agosto de 2023 al firmar la oferta de 600.000 millones de pesos con la que TGS pretendía asegurarse el contrato de pasaportes por otra década. La Cancillería declaró la licitación desierta, la Contraloría abrió investigación por supuesto direccionamiento y la Procuraduría indaga si Gómez —entonces representante de la propuesta— apretó los pliegos hasta sofocar la competencia.

Gómez se defiende afirmando que “cumplimos cada requisito y nadie más se postuló”. Su postura es jurídicamente blindada, políticamente corrosiva: si nadie puede competir, el monopolio se vuelve consecuencia lógica del reglamento. Mientras el pleito avanza, TGS imprime pasaportes bajo prórrogas y Gómez afina la estrategia para la próxima licitación.

María Eugenia Rivas Zubiría

Desde una oficina en Guernsey, María Eugenia firma como apoderada de la casa matriz offshore. Sus rúbricas avalan garantías bancarias cruciales: sin ellas, la Unión Temporal Pasaportes 2023 habría naufragado antes de zarpar. Cuando la Procuraduría pidió los beneficiarios finales de la sociedad, el nombre de Rivas apareció como apoderada, no como accionista.

Ese colchón a 7.000 kilómetros de distancia mantiene a salvo el patrimonio familiar: si la licitación llega a anularse, la jurisdicción británica protege activos mientras las autoridades colombianas litigan. Rivas encarna la defensa remota que convierte a TGS en un gigante difícil de herir: el golpe nunca impacta donde duelen las finanzas.

Mónica Sanclemente Villamizar

El 12 de octubre de 2023, en plena guerra de pasaportes, su firma selló un contrato directo con la Dimar por 128.596 millones para libretas de embarque marítimo. La oposición lo llamó “premio de consolación” y denunció fraccionamiento de contratación. Sanclemente alegó urgencia manifiesta e independencia orgánica entre la Dimar y la Cancillería.

El episodio ilustró la elasticidad contractual de la firma: si un ministerio cierra la puerta, una dirección técnica de otra cartera ofrece la ventana. Mónica, además, dirige la política de cumplimiento interno y presume un récord limpio: ningún directivo con sanción vigente. Esa tarjeta de presentación le permite apagar incendios reputacionales mientras la maquinaria comercial avanza.

Juan Camilo Pérez Díaz

Director de TI en TGS, terminó involucrado en un enredo de nombres cuando la prensa señaló a un “Juan Camilo Pérez Parra” por sobrecostos de 9.900 millones en una obra vial de Puerto Wilches. Las redes mezclaron apellidos y lo ubicaron en el banquillo. La Procuraduría inició verificación, sin hallar conexión entre ambos.

Pérez Díaz mostró su cédula y salarios para demostrar relación exclusiva con TGS. Caso cerrado, pero lección clara: en la era de la sospecha instantánea basta un homónimo para desatar un linchamiento digital. En su oficina, el ingeniero celebra haber superado la confusión y advierte que el código que opera elecciones no puede cargarse de ese tipo de ambigüedades.

Los tentáculos societarios

Manejo Técnico de Información S.A. (MTI)

En bóvedas del occidente de Bogotá, MTI custodia millones de pagarés. Cuando reventó el escándalo de Elite International Américas, la Superintendencia de Sociedades embargó 60.000 de esos títulos para evitar que alimentaran una estafa piramidal. Desde entonces, cada movimiento requiere autorización judicial.

Aun con la lupa encima, MTI facturó 18.600 millones en 2024 digitalizando documentos bancarios. Sus directivos insisten en que no originan libranzas, sólo las guardan. El caso demuestra cómo un simple custodio puede terminar atrapado en turbulencias financieras y, sin embargo, continuar operando porque el mercado —y los bancos— necesitan sus bóvedas.

Securid S.A.S.

Securid produce tarjetas inteligentes y valida huellas en tiempo real. Entre 2021 y 2024 la empresa fue la única oferente en al menos ocho procesos de la Registraduría, según la MOE. La entidad electoral justifica la soledad diciendo que la cédula digital “no admite improvisadores”.

Los veedores contestan que sin verdadera competencia es imposible saber si el chip que protege nuestra huella cuesta lo justo o lo que el único proveedor decide. Mientras el debate académico continúa, Securid instala lectores biométricos en notarías, bancos y campañas políticas, ampliando una red que, paradójicamente, refuerza la barrera de entrada que la sostiene.

Seguridad Móvil de Colombia S.A.

En agosto de 2023 ganó un contrato para patrullar 18 barrios de Sincelejo. Un mes después, concejales de oposición denunciaron sobrecostos y la Superintendencia de Vigilancia abrió investigación. La empresa defendió su tarifa alegando pólizas de guerra y terrorismo incluidas en el servicio.

La pesquisa sigue abierta, pero las camionetas blancas con sirena azul siguen recorriendo las calles. El episodio prueba que, aun bajo investigación, el brazo logístico de TGS rara vez se detiene: factura primero, responde después.

Thomas Instruments S.A.

Cuando el INVÍAS licitó 35 peajes y 13 básculas en 2021, los pliegos exigían un récord de precisión operativa que sólo Thomas Instruments acreditaba. Las veedurías denunciaron el sesgo; la Procuraduría forzó ajustes; el contrato terminó, de todas formas, en manos de la misma firma.

El capítulo dejó claro el mecanismo: fijar estándares tan altos que se confundan con la marca. La exigencia luce impecable sobre el papel, pero en la práctica ahuyenta a cualquier empresa sin un historial idéntico, perpetuando la exclusividad.

Turrisystem S.A.S.

Un reportaje reveló dos convenios por 22.000 millones entre el Consejo Nacional Electoral y la Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle que terminaron subcontratando a Turrisystem. La Contraloría investiga posible conflicto de interés, pues el gerente de la ERT militaba en un partido que impulsaba la reforma política en discusión.

Turrisystem sostiene que sólo alquiló servidores y licencias, pero la oposición exige conocer márgenes de utilidad y vínculos accionariales. El caso retrata la sofisticación del ecosistema TGS: si la matriz no puede ser contratista directo, un alfil menor captura el negocio por la puerta trasera.

Pasaportes y urnas: dos guerras, un mismo vencedor

La licitación de pasaportes de 2023 derribó a tres cancilleres y aún no encuentra reemplazo real para las prensas de TGS. La empresa incluso demandó al Estado por 117.000 millones, cifra que asusta a cualquier funcionario temeroso de un hallazgo fiscal. Mientras tanto, las libretas azules siguen saliendo de la misma fábrica bajo prórrogas sucesivas.

En paralelo, la Registraduría adjudicó en julio de 2025 la logística electoral 2026 a una unión temporal liderada por filiales de TGS. El pliego exigía haber escaneado cinco millones de formularios en menos de doce horas, reto que sólo la propia TGS había logrado en 2022. Las voces críticas señalan que Petro denuncia un monopolio que, en la práctica, su propio aparato estatal continúa premiando.

Anatomía de la resiliencia corporativa

Primero, la compañía posee liquidez 24/7 gracias a sus peajes; eso le permite litigar sin ahogo. Segundo, diseña pliegos con requisitos que sólo ella puede cumplir, una barrera técnica disfrazada de garantía de calidad. Tercero, aplica litigio estratégico: cada vez que se siente desplazada, demanda y congela el proceso. Cuarto, cultiva lobby transversal: exfuncionarios de todos los gobiernos han pasado por su consejo o sus consultorías.

Conclusión

El Estado delegó en un solo conglomerado la custodia de la identidad ciudadana, el cómputo de los votos y el cobro de peajes. Al hacerlo, le entregó liquidez constante, ventaja técnica y poder judicial disuasivo: la tormenta perfecta para que los escándalos se conviertan en un costo operativo ya presupuestado. Como confesó un exregistrador: “Para sacar a Thomas Greg no basta un tuit; hay que construir otra Thomas Greg”. Hasta que exista ese plan B industrial y tecnológico, las denuncias podrán incendiar titulares, pero los contratos —como el peaje de Sáchica— seguirán cobrando cada 24 horas, inmunes a la indignación digital